Tribunal Superior de Bogotá ordenó debate presidencial obligatorio entre Gustavo Petro y Rodolfo Hernández

El Tribunal Superior de Bogotá ordenó que se realice un debate obligatorio entre los dos candidatos presidenciales en un plazo de 48 horas, es decir, antes del jueves 16 de junio.

Tendrá que ser un espacio de al menos 60 minutos y deberá realizarse a través de la televisión pública, en particular, el Sistema Nacional de Medios Públicos de Radio Televisión de Colombia, RTVC, informó el tribunal.

La decisión del juez Iván Darío Zuluaga, de la Sección Quinta de la Corte Superior de Bogotá, llega luego de haber aprobado un amparo presentado por un grupo de ciudadanos que piden este tipo de espacios que buscan la transparencia en el proceso electoral y conocer de primera mano, las propuestas de los candidatos.

Según explica la sentencia, los ciudadanos que han presentado el amparo aseguran que se debe proteger el derecho a elegir y ser elegido y, en base a ello, los candidatos deben organizar y planificar los debates.

Lea la decisión de la Corte Superior de Bogotá

El fallo explica que ni la Cancillería ni el Consejo Nacional Electoral son los encargados de organizar este tipo de debates en plena contienda electoral. De igual forma, el sistema de medios públicos de la radio y televisión nacional de Colombia, RTVC, asegura que la programación de estos debates es un derecho que debe ser promovido por los candidatos y que, por su parte, no pueden obligarlos.

En tanto, el fallo también explica que el candidato Rodolfo Hernández se opuso a la protección impuesta por los ciudadanos. “Aseguró que la participación en los debates no es una obligación para los candidatos a la Presidencia de la República, sino una facultad facultativa donde el legislador ha dispuesto mecanismos que garanticen su cumplimiento en caso de que quieran acceder a ella”, dice el quiebre.

Y agrega que el candidato: “Indicó que su programa de gobierno lo ha explicado por otros medios que considera oportunos, exponiéndolo en un lenguaje claro y de fácil acceso a través de su sitio web, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube y en entrevistas a través de transmisiones en vivo. .

Sin embargo, tras analizar los diferentes puntos de vista e invocar el derecho de los ciudadanos a escuchar las propuestas de los candidatos para garantizar la transparencia del proceso electoral, la Corte decidió ordenar el debate entre ambos candidatos.

“Como consecuencia de lo anterior, ordenar a los candidatos presidenciales Rodolfo Hernández Suárez del Movimiento Político de la Liga Gubernamental Anticorrupción y Gustavo Petro Urrego de la Coalición Pacto Histórico, que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de la presente sentencia, soliciten y planificar conjuntamente, antes del jueves 16 de junio de 2022, la realización de un debate presidencial con las normas y temas señalados en la solicitud, en las formas y términos señalados por el artículo 23 de la ley 996 de 2005 y por la resolución núm. 2969 del 1 de junio de 2022 emitida por el Consejo Nacional Electoral, teniendo en cuenta los principios de igualdad e imparcialidad que regulan la actividad electoral”, reza la sentencia.

En todo caso, los dos candidatos tendrán la oportunidad de impugnar esta sentencia, aunque deberán hacerlo dentro de las 48 horas que fije el Tribunal.

Cabe mencionar que los dos candidatos anunciaron, en sus redes sociales, que ya no participarían en los debates.

Gustavo Petro lo hizo el 21 de marzo con el trino: “Suspendo mi presencia en los debates electorales hasta que se garantice la transparencia del voto. Actuaremos con la máxima prudencia y pediremos que el control internacional actúe con prontitud”.

En tanto, Rodolfo Hernández hizo su anuncio el 2 de junio con el trino: “No participaré en los debates porque no participaré en estas dinámicas polarizadoras y odiosas. Presentaré mis ideas y propuestas en entrevistas y en mis redes sociales, hablando con colombianos. Es hora de dejar de dividir y trabajar en la unión que necesita Colombia”.

El magistrado que se desvió de la decisión

SEMANA conoció el texto completo del fallo judicial, incluido el rescate del voto del juez Manuel Alfonso Zamudio.

El magistrado presenta cuatro argumentos en contra de la decisión. La primera es que las entidades vinculadas a la decisión votaron en contra. Por ejemplo, la RTVC ha advertido que los candidatos presidenciales tienen derecho a programar debates, que deben hacer la solicitud correspondiente y que “No se puede obligar a los destinatarios de esta disposición a participar en ella de acuerdo con los derechos que tiene cada candidato”.

La segunda, la incompetencia del juez para tomar tal decisión. Para el jurista, los dos candidatos a la Presidencia de la República son “Personas naturales cuyo juez constitucional, se reitera, es el juez municipal, pero no esta Colegiatura, lo que produce la nulidad de la acción”.

También argumenta que no se cumple el requisito de subsidiariedad, que es fundamental en cualquier protección, ya que existían otras formas de tramitar tal solicitud.

Y al mismo tiempo, asegura que, en esencia, los demandantes no tienen razón en su pretensión.

“No admite discusión que la participación de los candidatos presidenciales en los debates es un derecho y no un deber, y el artículo 23 de la ley 996 de 2005 lo reglamentó así:

Artículo 23. Acceso al Canal Institucional y Radio Nacional. (Artículo Aplicable CONDICIONALMENTE) Durante el período de campaña presidencial, los partidos y movimientos políticos con personería jurídica conservarán el acceso a los medios de comunicación en los términos de la ley de partidos y movimientos políticos. Los movimientos sociales y las categorías significativas de ciudadanos que registren una candidatura a la Presidencia de la República al amparo de esta ley, tendrán los mismos derechos que éstos.

En este sentido, lo destaca el magistrado “Si como se desprende del reglamento en cuestión, los candidatos a la Presidencia de la República no quieren ejercer el derecho a participar en los debates para presentar sus programas y propuestasno hay ningún mecanismo constitucional ni legal que los obligue”.

Agrega que “existen normas de la misma raíz que protegen sus derechos como personas, en particular, el libre derecho a la personalidad, la libertad de expresión, el derecho a elegir una profesión u oficio, el derecho a la intimidad, el derecho a elegir y ser elegido, etc..”

En opinión del abogado, “No querer proteger un derecho de los votantes, que en todo caso no ha sido vulnerado o contra el que existen otros mecanismos de defensalo que tienen los candidatos de turno hay que ignorarlo, porque el juez constitucional no puede llegar a ese punto, a menos que esos votantes hayan tenido acceso a las propuestas de los distintos medios, los programas se publican en las páginas web de los candidatos, las entrevistas, las redes sociales , eventos en las plazas, reuniones y muchas otras formas al alcance de la población”.

Para el juez Zamudio, “si el candidato no quiere o no quiere exhibir sus programas y propuestas en un debate televisado o a través de los medios que proporciona el Estado, y por tanto priva a los potenciales votantes del conocimiento de su programa para convencerlos de un posible apoyo las consecuencias las recibirá el elector, quien emitirá su veredicto en las urnas el día de las elecciones”.

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